Ciudad de México, 15 de octubre de 2025 – La presidenta Claudia Sheinbaum salió este miércoles en defensa de la controvertida reforma a la Ley de Amparo, aprobada ayer en lo general por la Cámara de Diputados, y respondió directamente a las críticas de la diputada morenista Olga Sánchez Cordero, quien se abstuvo de votar por preocupaciones técnicas. En un mensaje matutino, Sheinbaum enfatizó que la iniciativa no amenaza el Estado de derecho, sino que prioriza el “interés colectivo” sobre privilegios individuales, reconociendo que el dictamen es “prácticamente el mismo” que propuso en su momento Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La sesión del 14 de octubre en San Lázaro fue un campo de batalla legislativo: con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, la reforma impulsada por el Ejecutivo federal avanzó gracias al respaldo de Morena, PT y Partido Verde. Sin embargo, la oposición –PAN, PRI y Movimiento Ciudadano– la tildó de “destrucción del Estado de derecho”, presentando más de 300 reservas, de las que solo tres fueron aceptadas. La abstención de Sánchez Cordero, exministra de la SCJN y figura clave en la 4T, se sumó a las de legisladoras aliadas, destacando disidencias internas.
Sánchez Cordero, con su vasta trayectoria jurídica, expresó reservas sobre el proceso: advirtió que no se consultaron expertos adecuadamente y que el nuevo marco podría fomentar interpretaciones discrecionales por parte de jueces, abriendo puertas a excesos que afecten derechos fundamentales. “El amparo es el baluarte de las garantías individuales; esta reforma, sin un debate más profundo, arriesga su esencia”, señaló la diputada en intervenciones previas, posicionándose como voz crítica dentro de Morena sin llegar a un voto en contra, lo que analistas interpretan como desacuerdo técnico más que ruptura política.
En respuesta, Sheinbaum defendió el proyecto como un avance hacia una “justicia más equitativa”. “La reforma no elimina derechos, sino que los pone en equilibrio con el interés público. No podemos permitir que unos cuantos bloqueen proyectos que benefician a millones”, declaró la mandataria, refiriéndose al uso del amparo como “herramienta de sabotaje político o económico”. Reconoció la trayectoria de Sánchez Cordero, pero insistió en la necesidad de evolución: el nuevo concepto de “interés legítimo” –incluso sin lesión actual o beneficio directo– permite a autoridades actuar con eficacia en infraestructura, salud y medio ambiente, sin vulnerar la Constitución. La propuesta, inspirada en jurisprudencias de Zaldívar, busca aplicar nuevas leyes a procedimientos en curso o concluidos, limitando suspensiones que frenen obras públicas.
El debate subyacente gira en torno a un cambio sustancial: la reforma introduce ponderaciones como el “interés social” y “orden público”, restringiendo suspensiones provisionales y ampliando plazos para resoluciones. Para el gobierno, es una herramienta contra obstrucciones injustificadas; para la oposición y críticos como Sánchez Cordero, erosiona protecciones judiciales esenciales para ciudadanos, comunidades indígenas y organizaciones civiles frente a decisiones estatales arbitrarias.
Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá el diálogo para afinar la implementación y garantizar respeto a derechos fundamentales, en un contexto de transformación jurídica que privilegia el desarrollo con justicia social. El dictamen aún debe aprobarse en lo particular y pasar por el Senado, donde podría enfrentar más resistencias. Esta pugna interna y externa resalta las tensiones en el oficialismo: mientras Sheinbaum consolida su agenda, voces como la de Sánchez Cordero advierten sobre los riesgos de un Poder Judicial debilitado, recordando que el amparo ha sido histórico contrapeso al poder ejecutivo.